Chetumal. El sector hotelero de la zona sur de Quintana Roo solicitó al Gobierno del Estado gestionar ante la Federación un subsidio al Derecho de No Residente (DNR), con el propósito de facilitar el ingreso de visitantes procedentes de Belice a través de la terminal portuaria de Chetumal y revertir la disminución en el flujo turístico regional.
A inicios del presente mes, el Consulado de Belice en Chetumal advirtió que el incremento del 14% al DNR, que para 2026 asciende a 983 pesos, ya comenzó a reflejarse en una reducción del número de turistas beliceños que ingresan a Quintana Roo por el Muelle Fiscal, impactando directamente a los sectores comercial, hotelero y de servicios.
En este contexto, la ex dirigente de la Asociación de Hoteles del Centro y Sur, Déborah Angulo Villanueva, señaló que durante el último mes de 2025 la ocupación hotelera generada por visitantes de Belice apenas alcanzó el 50%, cuando en años anteriores se mantenía entre 70 y 80%, lo que evidencia una contracción sostenida derivada del aumento en los costos de ingreso y los trámites adicionales para los viajeros.
Por su parte, el presidente de la asociación, Raúl Andrade Angulo, indicó que el sector ha solicitado la intervención del Gobierno del Estado para que gestione directamente con la Federación una solución, al tratarse de un derecho de carácter federal que no puede modificarse a nivel local.
Explicó que la propuesta contempla la implementación de un subsidio al DNR, aprovechando la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, como una medida para mitigar el impacto económico del alto costo de ingreso al país por vía marítima, el cual ha desincentivado el cruce entre San Pedro, Belice, y Chetumal.
Andrade Angulo precisó que el DNR aplica únicamente para el ingreso marítimo y aéreo, pero su impacto es mayor en el turismo regional, donde el perfil del visitante difiere del turismo internacional tradicional. Recordó además que en años anteriores ya se implementó un esquema de apoyo similar, y que el tema ha sido planteado ante autoridades estatales, incluida la titular del Ejecutivo, con el objetivo de construir una alternativa viable que impulse la economía del sur del estado.