Quintana Roo. El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano expresó su preocupación ante la iniciativa del Gobierno del Estado de Quintana Roo que propone incrementar 25% el cobro del derecho Visitax y convertir a hoteles y prestadores de servicios turísticos en retenedores y responsables solidarios del pago por parte de los visitantes.
De acuerdo con el organismo, esta medida compromete la competitividad turística, viola principios constitucionales y genera incertidumbre jurídica para empresas, inversionistas, proveedores, visitantes y trabajadores. Además, advierte que la propuesta podría desincentivar la llegada de turistas, elevar costos y deteriorar la experiencia de viaje.
Contradicción con el Plan México y pérdida de competitividad
El Consejo señala que, mientras otros destinos internacionales reducen cargas fiscales para atraer más turismo, el incremento del Visitax coloca a México en una desventaja competitiva, especialmente en una región donde la demanda es altamente sensible a los costos.
Asimismo, considera que el nuevo esquema va en sentido contrario a los principios del Plan México, que busca mejorar la percepción internacional del país, reducir cargas al visitante y fortalecer la confianza en el sector turístico.
Enfatizaron que la medida encarece la visita, genera confusión y erosiona la confianza en los destinos nacionales.
Inviabilidad operativa para hoteles y prestadores
El Consejo Hotelero advirtió que los establecimientos no pueden trasladar este nuevo cobro a tarifas ya negociadas con meses de anticipación en mercados internacionales. Además, dispersar la cobranza del Visitax entre miles de prestadores multiplica riesgos de errores, cobros indebidos y fricciones con los viajeros, afectando directamente la percepción del Caribe Mexicano.
El organismo señaló que el resultado más probable no es una mayor recaudación, sino afectaciones operativas inmediatas.
Impacto en destinos multidestino y negocios familiares
Se destacó que en lugares como Chetumal o Bacalar, el costo del Visitax para una pareja puede equivaler a casi una noche de hospedaje, lo que afectaría de forma desproporcionada a hoteles accesibles y negocios familiares. Esto pone en riesgo el modelo multidestino, una de las fortalezas del Caribe Mexicano.
Riesgos legales y posibles violaciones constitucionales
El Consejo advirtió que la iniciativa podría ser inconstitucional, ya que obliga a hoteles a recaudar un derecho asociado al uso de infraestructura pública —un hecho ajeno al servicio de hospedaje— lo que constituye una delegación indebida de facultades del Estado.
Recordaron que la Suprema Corte establece que la responsabilidad solidaria solo procede cuando existe una vinculación directa con el hecho imponible.
Llamado a reconsiderar la iniciativa
El organismo reiteró su compromiso con el desarrollo de Quintana Roo, pero advirtió que este avance no puede lograrse a costa de la viabilidad del sector turístico, principal motor económico del estado.
Finalmente, hizo un llamado urgente al Gobierno estatal para reconsiderar la propuesta, al considerar que no fortalece las finanzas públicas ni promueve el turismo conforme a los lineamientos del Plan México.