De acuerdo con fuentes judiciales, esta prórroga permite que el Ministerio Público recabe más pruebas y testimonios antes de definir si el caso avanza a juicio oral. Mientras tanto, Bravo permanece en prisión preventiva oficiosa en Puente Grande, bajo la medida impuesta desde su vinculación a proceso el pasado 10 de octubre.
La decisión del juez fue tomada durante una audiencia realizada en los juzgados de Puente Grande, donde la defensa del exjugador solicitó tiempo adicional para presentar nuevos elementos a favor de su cliente. Sin embargo, el tribunal determinó que la ampliación beneficiará a ambas partes, permitiendo una investigación más completa antes de la resolución judicial.
El nuevo plazo se extenderá hasta principios de enero de 2026, momento en el que se espera una definición sobre si el caso pasará a la etapa de juicio oral. La defensa, encabezada por el abogado Leobardo Treviño, insiste en que existen inconsistencias en las pruebas presentadas por la fiscalía y ha promovido recursos de amparo para intentar que Bravo enfrente el proceso en libertad, aunque todos han sido rechazados.
El 10 de octubre de 2025, tras una audiencia que se prolongó por casi 12 horas, un juez determinó vincular a proceso a Omar “N” Bravo por el delito de abuso sexual infantil agravado. La decisión incluyó la medida cautelar de prisión preventiva por al menos seis meses, debido a que el caso fue catalogado como de alto riesgo por la naturaleza de los cargos.
Desde entonces, el exdelantero de Chivas ha permanecido recluido mientras avanza la investigación. Su defensa ha sostenido que las acusaciones carecen de sustento suficiente, pero los tribunales han confirmado la medida restrictiva ante la gravedad del delito y la necesidad de proteger a las posibles víctimas.
De acuerdo con reportes judiciales, el proceso podría prolongarse hasta dos años, considerando la complejidad del expediente y la cantidad de pruebas que aún deben analizarse.
La situación legal ha tenido consecuencias directas en la vida profesional de Omar Bravo. Tras su detención, el exjugador perdió su cargo como embajador del Mundial 2026 en Guadalajara, un rol que había asumido por su trayectoria con la selección mexicana y su legado en el fútbol nacional.
Asimismo, diversos patrocinadores y proyectos en los que participaba fueron suspendidos de manera inmediata. Aunque Bravo ha mantenido silencio público, personas cercanas aseguran que se encuentra enfocado en su defensa legal.
El caso continúa bajo seguimiento de la Fiscalía del Estado de Jalisco, que deberá presentar los avances de la investigación en las próximas semanas. De confirmarse las pruebas en su contra, el exfutbolista podría enfrentar un proceso penal de largo alcance, mientras el país sigue atento a uno de los casos más mediáticos del deporte mexicano en los últimos años.
Fuente Marca