CIUDAD DE MÉXICO. Tras cuatro meses de estar prófugos, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, buscarían colaborar con la Fiscalía General de la República con el fin de obtener un criterio de oportunidad para no ir a la cárcel.
Ambos tienen una orden de aprehensión por supuesto lavado de dinero realizado desde el 2016, fue la información que se dio a conocer en septiembre pasado.
El diario La Jornada dio a conocer que fuentes federales confirmaron acercamientos de la pareja otorgando información para que puedan detener a los ex funcionarios públicos y empresarios que han defraudado al fisco con las llamadas “empresas fantasma”.
“Los contactos para el acercamiento con funcionarios ministeriales se han dado a través de abogados y, según los entrevistados, no se les ha otorgado ningún beneficio para evitar el enjuiciamiento”, reveló la publicación.
Este no sería el primer recurso que la pareja ha buscado como beneficio, pues, en octubre pasado, Inés habría promovido un amparo ante la fiscalía en contra de la negativa de no interrumpir la acción penal contra ella.
El proceso ha sido lento y con pocos avances, aunque en diferentes ocasiones se han revelado algunos recursos legales interpuestos en su defensa para evitar la cárcel.
Señalaron que la ubicación oportuna y captura de Gómez Mont y Álvarez Puga se ha complicado con el paso del tiempo, pues se les ha visto en diversos países sudamericanos y en traslados por mar.
¿Qué fue lo último que se supo del caso?
En una entrevista otorgada a la revista TvNotas, la madre del primer esposo de Inés Gómez Mont, Javier Díaz, reveló que la conductora podría estar escondida en República Dominicana junto a su actual marido.
“Lo último que supe es que estaban en República Dominicana, pero no puedo asegurar que sigan ahí. Lo que sí puedo decir es que donde mis nietos estén, Javier va a ir por ellos”, señaló Tita Bravo.
Además, durante el mes de noviembre, las autoridades de Michoacán ubicaron un contrato de equipos de espionaje por 19 millones de dólares, cuya compra fue adjudicada a una empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga.
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador actual, confirmó el convenio suscrito entre la compañía de informática y su antecesor en el cargo, Silvano Aureoles, que consistía en el monitoreo de direcciones de IP en todos los municipios de la entidad.
Agregó que la vigilancia y actualización constante también conllevó la instalación de 12 terminales y pantallas. Entre las redes sociales que se vigilaron estuvieron Facebook y WhatsApp.