TULUM.- La síndica municipal, Rifka Renee Queruel Nussbaum, volvió a colocarse en el centro de la controversia durante la sesión de Cabildo de este martes, tras ser señalada por el secretario general de actuar de manera irresponsable al negarse a firmar la cuenta pública 2025.
En una decisión que generó tensión en la sala, la funcionaria votó en contra del documento, argumentando inconsistencias, falta de claridad y la ausencia de información detallada por parte del Ayuntamiento para respaldar su aprobación.
Durante el debate, el secretario general, Johnny Monsreal Padilla, calificó como “lamentable” la postura de la síndica, al considerar que su negativa implica deslindarse de una de sus principales atribuciones: la supervisión del manejo financiero. Asimismo, sostuvo que la administración municipal cumplió con el marco legal en la integración de la cuenta pública.
En respuesta, Queruel Nussbaum defendió su actuación al señalar que, en el ejercicio de sus funciones, identificó elementos suficientes para cuestionar el documento, tal como lo había expuesto previamente. También advirtió que resulta preocupante que el secretario general ponga en duda el papel de la sindicatura, encargada de vigilar el uso de los recursos públicos.
“Estoy ejerciendo mis funciones para proteger los intereses de la ciudadanía de Tulum. Ese compromiso se debilita cuando no se cuenta con la información necesaria para resguardar las finanzas públicas”, expresó. “No hay irresponsabilidad en mi actuar, sino congruencia con mis obligaciones”.

Este episodio marca un nuevo punto de quiebre entre la síndica y la administración encabezada por el presidente municipal, Diego Castañón Trejo, luego de semanas de diferencias políticas y señalamientos internos.
La tensión se intensificó tras la publicación, hace tres días, de una investigación del medio nacional Animal Político, en la que se documenta la adjudicación de siete contratos de obra pública por más de 24.5 millones de pesos a personas vinculadas con el secretario particular del alcalde, Agustín Armando Lara Souza, según registros oficiales de 2024 y 2025.
ANTECEDENTES Y SEÑALAMIENTOS
Agustín Armando Lara Souza formó parte del gobierno estatal durante la administración del exgobernador Roberto Borge Angulo (2011–2016), donde se desempeñó como director de Recursos Materiales, con responsabilidad en adquisiciones y servicios. En 2017 fue investigado por autoridades federales; sin embargo, los procesos no prosperaron. Su nombre ha sido mencionado en versiones extraoficiales relacionadas con presuntos desvíos de recursos durante ese periodo.
CRISIS POLÍTICA Y SOCIAL EN TULUM
El conflicto en Cabildo se da en un contexto de creciente inconformidad en el municipio. Diversos sectores han cuestionado decisiones del actual gobierno, como el incremento en cargas fiscales a comercios, restricciones de acceso a zonas de playa y despidos laborales al interior del Ayuntamiento.
De acuerdo con testimonios, trabajadores han denunciado reducciones salariales y falta de liquidaciones, mientras que empresarios reportan cierres de negocios ante la baja en la afluencia turística y condiciones de inseguridad.
En este escenario, la síndica ha sido una de las voces más críticas dentro del Cabildo, señalando presuntas irregularidades administrativas, dudas sobre la situación financiera del municipio y falta de transparencia en la asignación de recursos públicos.
A pesar de presiones políticas, Queruel Nussbaum ha mantenido sus cuestionamientos, lo que ha derivado —según sus propias declaraciones— en actos de violencia política e institucional en su contra.
Mientras tanto, el resto de los regidores ha optado, en su mayoría, por evitar confrontaciones directas con la administración municipal, en medio de un clima de tensión que continúa escalando.
El caso mantiene la atención pública, especialmente tras la difusión de nuevos elementos sobre el manejo de recursos, lo que podría derivar en mayores exigencias de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía.