Tras una denuncia presentada por un comerciante del sector restaurantero, autoridades de Quintana Roo lograron la detención de un joven de 21 años, presuntamente vinculado a un grupo delictivo dedicado a la extorsión bajo el esquema conocido como “derecho de piso”. La víctima habría entregado más de 300 mil pesos durante casi un año para evitar agresiones contra su negocio y su personal.
De acuerdo con la investigación ministerial, el afectado cuya identidad se mantiene reservada, fue abordado a inicios de este año por un grupo de hombres que acudieron a su establecimiento ubicado en la colonia Lombardo Toledano, en la supermanzana 74. Los sujetos exigieron pagos periódicos a cambio de “protección”, bajo la amenaza de ataques armados si se negaba a colaborar.
Ante el temor de sufrir represalias, el comerciante aceptó realizar entregas mensuales de dinero, las cuales se efectuaban de manera puntual el último viernes de cada mes. Inicialmente, los presuntos extorsionadores acudían de forma directa a recoger el efectivo; sin embargo, con el paso del tiempo cambiaron el método de cobro y exigieron depósitos bancarios a cuentas específicas, además de dejar un equipo de radio para mantener comunicación permanente.
Las indagatorias revelaron que las cuentas bancarias utilizadas para recibir el dinero estaban registradas a nombre de José Gabriel “N”, señalado como el principal operador del esquema de extorsión. Esta información permitió a los investigadores establecer un vínculo directo entre el acusado y los pagos realizados por la víctima.
Cuando la presión económica se volvió insostenible, el comerciante decidió acudir ante el Ministerio Público, lo que derivó en el inicio de una carpeta de investigación y posteriormente en la identificación y detención del sospechoso, quien fue plenamente reconocido por el denunciante.
Según la declaración rendida ante las autoridades, entre enero y noviembre el afectado entregó aproximadamente 328 mil pesos, recursos obtenidos de las ventas diarias de su negocio.
Con los elementos de prueba recabados, el caso fue presentado ante un juez de control, quien resolvió vincular a proceso al imputado por el delito de extorsión y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva por un plazo de hasta dos años o mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.
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