En un golpe contra los delitos de alto impacto que afectan a los trabajadores de la entidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que logró la vinculación a proceso de Jesús Emmanuel “N”, señalado por su presunta participación en el delito de extorsión en este municipio.
Los hechos que se le imputan comenzaron el pasado 19 de marzo, cuando la víctima —cuya identidad se mantiene reservada— comenzó a recibir llamadas telefónicas de carácter extorsivo. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, el agresor localizó el contacto de la víctima debido a que esta se dedicaba a ofrecer servicios de mantenimiento de hogares y promocionaba su trabajo a través de redes sociales, dejando sus números telefónicos a la vista del público.
Amenazas y depósitos bancarios
Bajo el argumento de cobrar el denominado “derecho de piso”, Jesús Emmanuel “N” exigió a la víctima el pago mensual de 5 mil pesos. Para presionar el cobro, el ahora procesado aseguró ser integrante de un grupo criminal generador de violencia en la zona y advirtió que, de no “alinearse” y realizar los depósitos, la víctima sería privada de su libertad (“levantada”), afirmando que ya la tenían completamente ubicada.
Ante el temor fundado por las amenazas en contra de su integridad, el trabajador cedió a las presiones y realizó dos transferencias económicas a un número de tarjeta bancaria que el extorsionador le proporcionó. Sin embargo, posteriormente decidió romper el silencio y acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente.
Dos años tras las rejas durante el proceso
La captura y posterior presentación del imputado ante la autoridad judicial derivó en una audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión. Tras analizar de manera exhaustiva los datos de prueba expuestos por la representación social, un Juez de Control determinó que existían elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso.
Asimismo, tomando en cuenta la gravedad del delito y el riesgo para la víctima, la autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva por el término de dos años, o bien, el tiempo que demande el desarrollo de todo el proceso penal en su contra, por lo que el investigado enfrentará tras las rejas la resolución de su situación jurídica.