CDMX.- Para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la compra de un departamento por parte de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, podría estar relacionada con financiamiento del Cártel de Sinaloa.
Al comparecer en el proceso de desafuero contra el mandatario, Santiago Nieto, titular de la UIF, expuso que una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) otorgó un crédito a García Cabeza de Vaca para comprar un inmueble en Santa Fe de 14.3 millones de pesos, pero antes la Sofom recibió un monto similar de dos empresas fachada del grupo criminal.
“Eso no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N.; lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas, y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a la Sofom, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado”, aclaró Santiago Nieto.
En tanto, el gobernador acusó a Nieto de vulnerar su presunción de inocencia, exponer datos falsos y extralimitarse en sus funciones.
En un video que compartió en redes, afirmó que en la audiencia quedó claro que no hay pruebas en su contra.
“Todo esto se trata de una embestida política con fines electorales”, manifestó.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, expuso ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tuvo presuntas actividades financieras con empresas relacionadas con el Cártel de Sinaloa y negocios de energía eólica de la constructora brasileña Odebrecht.
En la etapa probatoria de la solicitud de juicio político en contra del panista, Nieto Castillo refirió que el gobernador, presente en la audiencia, fue señalado por operaciones financieras inusuales que incluyeron la compra y venta de inmuebles en México y Estados Unidos, por cantidades millonarias a través de empresas fachada, en copropiedad de familiares y socios de empresas bloqueadas.
De acuerdo con Santiago Nieto, el gobernador tiene propiedades y copropiedades que constan en ranchos y casas en Texas, Tamaulipas y Ciudad de México.
En el caso de un departamento ubicado en Santa Fe, señala recursos de dos empresas fachada identificadas como parte de un grupo de 7 entidades mercantiles relacionadas con el cártel de Sinaloa.
Detalló que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple que otorgó un crédito a García Cabeza de Vaca para compra del departamento por 14.3 millones de pesos, y previamente recibió recursos de dos empresas fachadas ligadas al grupo criminal.
“Eso no quiere decir que el cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N.; lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a las Sofome, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado”, explicó.
También informó que, en 2019, reportó ingresos anuales por 47.6 millones de pesos, sin embargo, la UIF calculó que realmente fueron por 142 millones.
“Las operaciones no son acordes con sus declaraciones patrimoniales, ya que de 2015 a 2019 reportaba ingresos por 42.1 millones de pesos. Es decir, declaró un 33% de sus ingresos”, declaró.
Durante la larga comparecencia de Nieto, la defensa del gobernador, Alonso Aguilar Zinser, acusó al funcionario de proporcionar datos que no son materia de la solicitud de la Fiscalía.
“Me parece que son impertinentes en el sentido de que no llevan a la investigación que se está haciendo por parte de la Sección Instructora. Está muy clara y muy definida la posición de la Fiscalía en cuanto a qué conductas específicas establece que se solicita la procedencia para la remoción del cargo”, argumentó.
La diligencia fue pública y se realizó de manera virtual. El abogado Aguilar Zinser, pidió que la reunión se llevara a cabo de manera privada, porque constituía una violación a los principios y derechos fundamentales de presunción de inocencia, así como el derecho a la privacidad de su cliente, sin embargo, la solicitud fue rechazada.
Con esta diligencia se abrió el periodo del desahogo de pruebas de 30 días.
Con información de Excélsior